En mi último artículo hablaba de la fallida migración al software libre del Ayuntamiento de Barcelona. Hoy hemos sabido que no sólo ha abandonado el proyecto, sino que se acaba de gastar 540.000 euros, que se dice pronto, en licencias de Microsoft Office. Estén tranquilos, nos dicen, ese precio nos permite usar el software tres años, y así nos da tiempo a preparar mejor la migración.
Las razones que aduce el Ayuntamiento de Barcelona para gastar más de 500.000 euros de los impuestos de sus ciudadanos en licencias de Office son indefendibles. Entre otras cosas porque demuestran que no han hecho un estudio de los costes que supondría el cambio a OpenOffice. Pero sobre todo porque no tiene sentido detectar un problema y profundizar en él. Si de verdad están preocupados por sus seis millones de documentos, deberían saber que existe un formato estándar, abierto, y que es el que utiliza de manera nativa la suite OpenOffice. Y deberían ser conscientes de que ahora, si un ciudadano o incluso un funcionario quiere acceder a uno de esos seis millones de documentos, depende de que una empresa le dé permiso para hacerlo.
En cualquier caso, lo peor no es que un funcionario o un político haya decidido que debe pagar 540.000 a una empresa para que no le permita utilizar sus documentos como el ayuntamiento quiera. Lo peor es que se hiciera en primer lugar el primer anuncio de migración a software libre sin más criterio que el apuntarse a una moda política, y el bandazo de hoy. Porque, si alguien les tomara en serio, pensaría que de verdad OpenOffice es más caro, y que migrar es una insensatez. Y esas son las cosas que de verdad hacen daño al software libre.
